Explicaciones. A modo de disculpa.

Contra Franco luchábamos mejor.

Antes había censura política, pero ahora la hay económica,
pues en este oficio todo el mundo sabe lo difícil que es encontrar trabajo...

Manuel Vázquez Montalbán, periodista y escritor.

Índice:
Origen de la asociación contra la exclusión jurídica Edip Rei
El enigma de los abogados amnésicos
¿Libertad de expresión?
Disculpas por las citas, si alguien las considera excesivas

Origen de la asociación contra la exclusión jurídica Edip Rei:

Estas páginas están siendo producidas por la asociación contra la exclusión jurídica Edip Rei, fundada ante notario en febrero de 1993.

La razón por la que esta asociación fue fundada fue la constatación de que los derechos de los ciudadanos, especialmente los de los niños, no son respetados por los poderes públicos, y que la justicia no está dispuesta o no tiene medios ni poder suficiente para hacerlos respetar.

En vistas de la situación, algunos abogados de los muchos consultados nos desaconsejaron seguir la vía judicial, de denunciar los derechos violados. Vía costosa e inútil. O, incluso peligrosa. Y nos aconsejaron, en cambio, fundar una asociación con el fin de "buscar un punto sensible", o sea, alguna persona pública, intelectual, político, jurista, etc., que estuviera dispuesta a denunciar estas violaciones de los derechos.

Nos aconsejaron ser prudentes en la redacción de los Estatutos, pues si quedaba demasiado claro que nos proponíamos luchar por el respeto de los derechos constitucionales, era de temer que la asociación no fuera aceptada en el registro oficial de asociaciones. O sea, que no sería reconocida como tal. Por si acaso, nos la hicieron fundar ante notario. Más tarde, nos enviaron una prueba de la aceptación pública de la violación del derecho de asociación en un caso con similitudes con el nuestro.

Hicimos y repartimos papeles denunciando estas violaciones, pero sin resultado. Nos centramos, entonces, sobre todo, en el caso del Servicio Obligatorio sólo-para-varones, pues era una violación de la prohibición de discriminación por razón de sexo muy evidente. Y estaba dando lugar, además, a muchos juicios contra insumisos que tenían una gran publicidad en los medios de comunicación, con muchas organizaciones que se oponían a este servicio. E, incluso, algunos partidos políticos, etc.

Además, este Servicio Obligatorio tenía la enemistad de la mayor parte del público, a pesar de que los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, eran partidarios del mismo (!!!). Por lo tanto, denunciar que, además, violaba la Constitución, no nos traería demasiados enemigos. Si éramos prudentes, claro.

Estos abogados nos proveyeron de una sentencia que razonaba y explicaba detalladamente esta inconstitucionalidad, publicada por la Editorial Aranzadi, y obtuvimos permiso de Aranzadi para difundirla libremente. Más adelante, descubrimos que había más sentencias similares.

Sin embargo, tanto en nuestro empeño en denunciar esta insconstitucionalidad como en todas las demás, hemos obtenido unos resultados nada eficaces. De los abogados, juristas, políticos o intelectuales con los que hemos consultado o hemos podido hablar al azar, NINGUNO manifestó, ni nos pareció que se había dado cuenta siquiera, de esta flagrante contradicción entre la prohibición de discriminación por razón de sexo y el Servicio Obligatorio sólo-para-varones.

El enigma de los abogados amnésicos:

Sin embargo, todos los abogados consultados coincidieron en que el Servicio Obligatorio sólo-para-varones entraba en contradicción con el artículo 14 de la Constitución, que prohibe toda discriminación por razón de sexo y que este era un argunento judicialmente válido.

Algunos se mostraron especialmente sorprendidos por el hecho de que las asociaciones anti-mili no quisieran saber nada de este argumento jurídico: -¡Pero si así sería como la quitarían!, decían desconcertados.

De todos modos, lo más desconcertante era que casi todos los abogados con los que hablamos dijeron haber defendido a insumisos ¡pero ninguno se había acordado de la discriminación por razón de sexo! Es posible pensar que algún juez o tribunal no acepte un argumento de la defensa, pero ¿cómo comprender que la defensa no lo exponga?

¿No tienen los profesionales una mínima obligación de ser competentes? Siendo que prácticamente cada día los medios de comunicación hablaban de este mandato constitucional, olvidarse del mismo es mucho peor que si, por ejemplo, casi todos los médicos se olvidaran de golpe que existen los antibióticos y los enfermos se murieran por enfermedades infecciosas como antes de que se descubriera la penicilina.

Alguna enfermedad mental debió atacar a jueces y abogados para que en estos juicios contra insumisos no se hiciera mención de este mandato constitucional.

Pero ¡tampoco hemos encontrado ningún político, ni intelectual que se hubiera percatado de ello! Los que hemos podido contactar, o se han quedado sorprendidos con la sentencia judicial mencionada, y no han dicho nada, o han despreciado la idea de respetar los derechos fundamentales como algo sin interés ninguno, o nos han, incluso, felicitado por "tener el privilegio" de poder pensar en ellos ¡como ellos cuando eran estudiantes!, ya que, parece, acordarse de los derechos es incompatible "con la responsabilidad de gobernar".

Total, que, en muchos años, no hemos encontrado a nadie que muestre interés para que se respeten los derechos de los ciudadanos. De hecho, parece, ¡ni siquiera se habían dado cuenta de que no se respetaban!

Los periodistas e intelectuales, tampoco ninguno se había dado cuenta de nada. Y sobre la posibilidad de denunciarlo públicamente, haciendo algún artículo, por ejemplo, ninguno se ha atrevido, argumentando que "podría malinterpretarse" un artículo de tales características.

¿Libertad de expresión?

Si no se pueden denunciar públicamente las violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿podemos decir que hay libertad de expresión? El "Estado de derecho" se basa esencialmente en que las violaciones de los derechos de los ciudadanos pueden hacerser públicas. Si no pueden hacerse públicas en el sentido de que todos nos enteremos de lo que está pasando, señal de que puede pasar cualquier cosa entre bastidores sin que nos enteremos. Y si ni siquiera jueces ni abogados se han enterado de lo que ha pasado en miles y miles de juicios ampliamente publicitados, ¡algo debe estar muy podrido en Dinamarca!

Parece como si hasta jueces y abogados (salvo aisladas excepciones) hubieran perdido la razón y no se acordaran de los principales derechos. Y si están locos y amnésicos y las sentencias han de ser "razonadas" y de acuerdo con las leyes, pues seguro que no hay justicia, ni garantías constitucionales.

Disculpas por las citas, si alguien las considera excesivas.

Todos los directivos de periódicos y publicaciones con los que hemos hablado durante estos años han estado en consonancia con lo que decía Vázquez Montalbán y los demás periodistas sobre la falta de libertad de expresión. Curiosamente, no coinciden nada con los políticos, pues todos ellos se han extrañado de que digamos que falta libertad de expresión. Excepto uno: Jordi Pujol. Y nos hemos dado cuenta, repasando artículos suyos antiguos, de que ya hace años que se está quejando de esta falta de libertad. Pero nadie se hace eco de sus quejas, ni nadie parece haberse enterado siquiera de las mismas.

Atribuimos esta excepción a que Jordi Pujol toca, por lo menos, dos temas tabúes: la natalidad y la defensa. Dos temas que también trata nuestra asociación, pero que, al parecer, tienen sin cuidado al resto de los políticos. Si el resto de los políticos no piensan en temas tabú ni les preocupan las violaciones de los derechos, es lógico que no noten que haya falta de libertad de expresión. ¡Porque no intentan pensar ni decir nada prohibido! (O "políticamente incorrecto", o fuera del "pensamiento único").

Pero los periódicos hasta han tenido que cambiar la portada cuando ya se estaba imprimiendo porque a "alguien" no le gustaba. Es "lógico", pues los periódicos son negocios que dependen de una clientela, que son los lectores y los que pagan anuncios, los patrocinadores y los partidos que más o menos están vinculados a ellos. Tienen muchos sueldos que pagar y muchas máquinas que amortizar, y no pueden permitirse el lujo de tener problemas económicos por intentar defender los derechos fundamentales ni los Derechos Humanos cuando esta defensa choca con lo "políticamente correcto", con los intereses de los partidos que los violan o con el gusto de cualquiera que tenga suficiente poder.

Por lo tanto, si los periódicos, ni los intelectuales, ni ninguno de los que dependen económicamente de lo que publican pueden defender muchos de los derechos fundamentales, ni siquiera los de los niños de la escuela, ni, por lo tanto, los puden garantizar, pues no pueden hacer demasiada publicidad de su violación, entonces, es necesario nuestro modesto trabajo. Que tal vez nunca llegue a ser suficiente, pero que es una esperanza más de que los derechos se respeten. Y de este respeto puede depender, o depende claramente, la supervivencia de nuestra sociedad.

Si aquellos que viven de lo que publican no pueden defender los derechos fundamentales ni de los niños, les pedimos discupas si en algún caso creen que hemos abusado de las citas de sus informaciones o artículos, citas en las que siempre hemos puesto el nombre del autor y de la publicación en la que ha salido publicada.

Lo hemos hecho así porque nos parece más clara nuestra denuncia, pues es urgente que los poderes públicos se hagan conscientes de las violaciones de los derechos que sufre la población indefensa y de la urgencia de ponerle remedio, no sólo por las vidas de los ciudadanos que sufren estas violaciones, sino por la amenaza que representan para la sociedad entera.

A pesar de que consideramos que más bien hacemos publicidad y, por lo tanto, un bien, a los autores citados, si alguno se opone a que citemos su obra tal y como lo hemos hecho, le rogamos que nos diga los cambios a realizar escribiendo a la dirección EdipRei@suport.org . Muchas gracias.