Secuestro ilegal y silenciado

El director de la 1ª investigación oficial sobre los resultados de la aplicación de la LOGSE (en la ESO), Jaume Funes, nos confirmó directamente los resultados publicados en La Vanguardia del 12N96, subrayando el hecho de que las chicas tenían mejor definición de futuro que los chicos, dejándonos ver y fotocopiar el original de esta investigación que, según nos confirmó también, la administración se negó a publicar. También pudimos ver, por los documentos contenidos en este original, que la administración se negó incluso a contestar los requerimientos de estos investigadores.

A pesar de este ilegal secuestro que implica también la violación de la LOGSE, pues ordena habilitar un presupuesto para corregir las desigualdades que su aplicación produzca (Cap. V), la administración se negó siempre a respetar los derechos de los niños. Derechos que, en este caso, no sólo constan en la Ley General de Educación, sino también en la Constitución, que prohibe cualquier discriminación por razón de sexo.

Sin embargo, aquí se aplicó el mismo principio que en el Servicio Obligatorio sólo-para-varones, mantenido durante 24 años (1978-2002) en contra del artículo 14 de la Constitución, que prohíbe toda discriminación por razón de sexo. O sea, se aplicó el principio de que el derecho a la igualdad de los chicos debe ser violado a toda costa. Este es un "principio" de la administración del que se muestra "orgullosa". O sea, orgullosa de violar el juramento de "respetar y hacer respetar la Constitución".

Sólo Edip Rei reclamó la publicación de esta investigación y el cumplimiento de la LOGSE y de la Constitución, ante los representantes de la administración y de los sindicatos.

Pero, en las primeras reclamaciones (1999-2000), la administración contestó repetidas veces, en boca del Director General de Centros Docentes, Emili Pons, que tal investigación no la encargó la administración, ni la conocía, ni sabía de ella, despreciando las noticias de La Vanguardia que se le presentaban, diciendo displicentemente que "los periódicos dicen muchas cosas".

Más adelante, y contradiciendo estas afirmaciones, otro representante de la administración, Jordi Blanch, reconoció esta investigación, pero "justificó" que no se aplicara la ley "argumentando" que "todavía" no era hora de ayudar a los "hombres", pues las mujeres han estado discriminadas durante miles y miles de años.

De nada sirvió insistir en que no se trataba de "hombres", sino de niños. Ni en que, por culpa de estos niños inadaptados, hay profesoras que deben soportar que las llamen "putas" cada día, por lo que descuidar a estos niños tampoco beneficia a estas profesoras, que son mujeres, ni a sus madres. De nada sirvió decir que la Constitución prohibe expresamente toda discriminación por razón de sexo... Tanto entoces como en las ocasiones en las que esta investigación era negada, los demás representantes de la administración nada dijeron, lo mismo que los numerosos representantes de los sindicatos, allí presentes.

Estas violaciones de los derechos de los niños son bien vistas o, por lo menos, vistas con indiferencia por todos.

En el presente artículo, también de La Vanguardia, el jefe de los investigadores mencionados, el prestigioso Jaume Funes, afirma, de pasada, que "el Departament d'ensenyament encargó y financió el trabajo, pero que a la vista de los resultados se negó a publicarlo".

¿Es posible que Jaume Funes mienta y que la contradictoria administración diga la verdad? No es posible, pues el mismo hecho de que la administración viole las leyes que ha jurado respetar y hacer respetar, demuestra fehacientemente que es mentirosa sin vergüenza ninguna. Con razón Funes empieza denunciando al "aplicación perversa" de la reforma (educativa, la LOGSE). ¡¡¡Y TAN PERVERSA!!! ¡Incluso criminal!

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